Según la última decisión adoptada por el juez federal Liam O´Grady, Twitter deberá proporcionar al Departamento de Justicia de EE.UU toda la información que tenga en sus bases de datos de los dueños de tres cuentas que se han abierto en esta red social y que supuestamente mantuvieron relaciones con miembros de la organización WikiLeaks.
Esta decisión del juez O´Grady rechaza las mociones anteriores que pretendían suspender dichas órdenes. Por lo tanto, la información relacionada con las cuentas de Twitter de Jacob Appelbaum, Birgitta Jonsdottir, miembro del Parlamento de Islandia, y el activista holandés Rop Gonggrijp, pasarán a engrosar el expediente que se ha abierto contra Julian Assange y su organización WikiLeaks.
En opinión de Aden Fine, abogado de Jonsdottir y de la American Civil Liberties Union, “Los derechos constitucionales han sido violados, los individuos deben tener la oportunidad de acudir a los tribunales para proteger sus derechos”. Pero al parecer, no hay marcha atrás y Twitter deberá cumplir con esta última decisión judicial.
En concreto, lo que el Departamento de Justicia de EE.UU le pide a Twitter en relación con estas cuentas son todas las direcciones de correo electrónico, información de facturación que esté relacionada con Twitter, los registros de conexión, los tiempos en que han mantenido abiertas estas sesiones y las direcciones IP utilizadas para acceder a esta red social.
En otras palabras, ya no somos libres. Nuestra actividad puede pasar a formar parte de los deseos y las voluntades de los jueces de EE.UU. No en vano estos movimientos de activismo online han decidido abrir sus propias redes sociales como parte de su proyecto Global Square.
